La cláusula penal y la facultad moderadora de los jueces prevista en el artículo 1.154 del Código Civil en el supuesto de Arras Penitenciales

En los últimos años debido a las dificultades económicas está tendiendo un cierto protagonismo en los tribunales una cláusula penal que aparece estipulada en la mayoría de los contratos – civiles o mercantiles – llegando incluso a ser objeto de litigio en el Tribunal Supremo. En concreto, se trata de la cláusula penal regulada en los artículos 1.152 a 1.155 del Código Civil, siendo definida la misma por el magistrado y jurista Castán Tobeñas, como “aquella obligación accesoria añadida por las partes a una obligación principal, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misma, imponiéndose a cargo del deudor la entrega de una prestación especial – siendo en la mayoría de los casos, la obligación de pagar una suma de dinero – para el caso de que el deudor incumpla su obligación o no la cumpla de modo adecuado”. Asimismo, la cláusula penal, desempeña varias funciones, por un lado, una función coercitiva, puesto que funciona como estimulo para que el obligado cumpla con la obligación principal, por otro lado, una función liquidatoria del daño en virtud de los artículos 1.152 párrafo primero y 1.153 del Código Civil, y en tercer lugar, una función estrictamente penal, en caso de se acuerde que el acreedor podrá solicitar además de la pena, los daños y perjuicios generador por el incumplimiento o mero retraso de la obligación principal por parte del deudor.

  1. Acerca de la facultad moderadora de los Jueces y su aplicación en las arras penitenciales:

Una de las características esenciales de la cláusula penal, que comúnmente suele ser desconocida por los contratantes es que la citada cláusula penal surte efectos diferentes según sea su cumplimiento, total o parcial, puesto que en caso de cumplimiento parcial, el Código Civil el artículo 1.154 otorga al juez la facultad de moderación equitativa de la misma a favor del deudor, en concreto el citado articulo establece que “El Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor”. Igualmente, hemos destacar que en el derecho navarro no se admite en ningún caso la citada facultad moderadora.

El citado precepto ha sido materia de litigio en numerosos asuntos jurídicos, hasta el extremo de generar doctrina mayoritaria y minoritaria en relación a la interpretación del mismo con el fin de determinar aquellos supuestos en los que se permite la aplicación por parte del juez de la citada moderación.

En concreto, en uno de los casos donde hemos podido apreciar jurisprudencia contradictoria ha sido el procedente de un pacto de “Arras Penitenciales” en un contrato de compraventa en relación a determinar si un juez puede o no aplicar la facultad moderadora del artículo 1.154 del Código Civil en el mismo.

Debemos recordar que las arras penitenciales consisten en la suma de dinero u otra cosa fungible que sin constituir el total del precio, el comprador entrega al vendedor previamente a la fecha de celebración del contrato con el fin de que en caso de que llegada la fecha de celebración de la compraventa, el comprador finalmente incumple su obligación de pago del resto del precio, el vendedor pueda retener todo o parte de lo entregado anticipadamente por el comprador en concepto de Arras. De igual forma, si es el vendedor quien no comparece en la fecha indicada de celebración del contrato se considerará la renuncia a la venta del bien, en cuyo caso, vendrá obligado a la devolución al interesado de las cantidades recibidas en concepto de Arras por duplicado, según lo estipulado en el artículo 1.454 del Código Civil. El conflicto radica en admitir o no el ejercicio de la facultad judicial moderadora en el supuesto de arras penitenciales, puesto que si se admite, la consecuencia es que el juez podrá estimar como excesiva la cantidad retenida por el vendedor en caso de incumplimiento cuya consecuencia es la obligación a su devolución total o parcial al comprador, y en caso contrario, si no se admite su aplicación, el vendedor estaría facultado para retener la cantidad pactada.

 

  1. Jurisprudencia contradictoria de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo: sentencia núm. 630/2014 de 11 de noviembre y sentencia núm. 710/2014 de 3 de diciembre:

Asimismo, existe jurisprudencia contradictoria del Tribunal Supremo relativa a la aplicación o no de la facultad moderadora en caso de arras penitenciales. En concreto, haciendo mención a jurisprudencia reciente, tenemos por un lado la sentencia núm. 710/2014 de 3 de diciembre del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) recurso nº 588/2013, y por otro lado, la sentencia núm. 630/2014 de 11 de noviembre del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) recurso 2880/2012, siendo los motivos expuestos en cada una de ellas los analizados a continuación:

a.-Sentencia núm. 710/2014 de 3 de diciembre del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª):

En el presente caso, el litigio en cuestión tiene su origen en un contrato de compraventa de inmuebles, donde los compradores son dos ciudadanos británicos – parte demandante – y la vendedora es la entidad mercantil “Polaris World” como parte demandada. Los demandantes solicitan que la cláusula penal sea declarada abusiva conforme a la Ley de Consumidores y Usuarios, petitum que es rechazado en primera instancia al no considerar a los compradores como consumidores, sino como inversores puesto que la finalidad de la compraventa era revender los inmuebles tras su adquisición. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia si estima oportuno aplicaa el articulo 1.154 en relación a la moderación de la pena, condenando a la parte demandada a devolver las arras penitenciales entregadas por los compradores, debido a lo anterior, la parte demandada interpone recurso de casación. Finalmente, el Tribunal Supremo defiende la posición de la jurisprudencia mayoritaria, estableciendo que no cabe la aplicación del articulo 1.154 del Código Civil, destacando la doble función liquidadora y punitiva de la cláusula penal pactada, sosteniendo así el alto tribunal que cabe admitir moderación judicial alguna de la pena en su modalidad de arras penitenciales para el caso de que el vendedor se pueda quedar con todo o parte de lo pagado previamente por el comprador cuando éste incumpla parcialmente con el pago del resto del precio, considerando el Tribunal Supremo que ha de primar en todo caso el respeto a la voluntad de las partes que en su momento pactaron y consintieron la cláusula penal pese el supuesto concreto de incumplimiento parcial en el resto del precio.

b.-Sentencia núm. 630/2014 de 11 de noviembre del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª):

En el presente asunto nos encontramos ante unos vendedores particulares que mediante contrato de compraventa venden dos parcelas, estipulándose en el mismo como método de pago del precio pendiente mediante pagarés. Posteriormente, los citados vendedores interpusieron demanda solicitando la resolución del contrato por incumplimiento del comprador – una entidad mercantil –e igualmente que fuese aplicada la cláusula penal pactada, donde a través de la misma se estableció que en caso de impago de dos pagarés facultaba al vendedor de resolver el contrato, apropiándose así por completo de las cantidades anticipadas, que en este caso suponían el 40% del precio total. La presente sentencia resuelve de manera contradictoria a la doctrina mayoritaria y a la sentencia anteriormente mencionada, en concreto, el Tribunal Supremo considera aplicable la facultad moderadora prevista en el artículo 1.154 del Código Civil en el supuesto de pacto de arras penales en caso de un contrato con pago parcial anticipado y cláusula penal prevista para el pago del resto del precio, puesto que la pena suponía un enriquecimiento injusto para el vendedor, puesto que cuanto más cumpliese el comprador con el pago mayor iba a ser la cantidad que podría retener el vendedor en caso incumplimiento parcial en el resto del precio.

A diferencia de la sentencia de 3 de diciembre de 2014 que basaba su posición en la interpretación de la voluntad de las partes, primando la misma frente a la facultad moderadora del artículo 1.154 del Código Civil, la presente sentencia, basa su fundamento en el ámbito de aplicación del citado artículo, considerando totalmente independiente la facultad moderadora del juez de lo que las partes hayan pactado en el contrato, siendo asimismo considerado por parte del Tribunal Supremo el impago del resto del precio como un incumplimiento parcial, adaptándose así a la literalidad de lo establecido en el artículo 1.154 del Código Civil.

El criterio esencial empleado por uno y otro caso para hacer uso o no de la facultad moderadora, radica en establecer si el articulo 1.154 ante un incumplimiento parcial, es un precepto imperativo o un precepto dispositivo, considerando así, por un lado, la doctrina minoritaria, que el citado articulo es una norma imperativa que ha de ser aplicada al margen de la voluntad de las partes, y por otro lado, en contra, la doctrina mayoritaria sostiene que el artículo 1.154 es una norma dispositiva, donde prevalece frente a la misma la voluntad de las partes que de manera expresa estipulan en el contrato una pena especifica en caso de incumplimiento parcial por parte del deudor con el resto del pago del precio.

En conclusión, como hemos podido apreciar la facultad moderadora es una cualidad propia de la cláusula penal recogida en el artículo 1.154, donde únicamente resultará aplicable en aquellos supuestos donde exista un cumplimiento parcial o irregular, pero nunca en caso de incumplimiento total. En concreto, los supuestos en los que cabe la aplicación de la misma según lo jurisprudencia mayoritaria, sería por un lado, ante un incumplimiento parcial en caso de que se prevea la pena para un incumplimiento total de la obligación. Por otro lado, en el caso de que el arrendatario haya cumplido con su obligación de manera parcial o irregular, el juez podrá aplicar una moderación equitativa en la indemnización. Y por último, los tribunales también podrán moderar los intereses de demorara en caso de enriquecimiento injusto del acreedor, así como cuando la cláusula penal sea abusiva para una de las partes. Por último, señalar que los tribunales no podrán moderar una cláusula penal moratoria en caso de retraso en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, así como tampoco, será aplicable la facultad moderadora del Juez ante un incumplimiento total de la obligación.

 

Saludos cordiales,

Leticia Latorre Luna.

 

 


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