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Sistema Arbitral de Consumo

 

El Sistema Arbitral de Consumo es el instrumento que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo, toda vez que la protección de los consumidores y usuarios exige que éstos dispongan de mecanismos adecuados para resolver sus reclamaciones.”[1]

  1. Acerca de la localización de las Juntas Arbitrales de Consumo:

Las competencias para conocer de las solicitudes individuales de arbitraje, se encuentran establecidas en el articulo 8 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, siendo el orden de las mismas el detallado a continuación:

1º) En primer lugar conocerá aquella Junta Arbitral de Consumo a la que ambas partes previamente han acordado someterse.

2º) En defecto de acuerdo, en segundo lugar, conocerá la Junta Arbitral territorial que corresponda con el domicilio del consumidor. En caso de existir varias Juntas Arbitrales competentes, conocerá la de inferior ámbito territorial.

3º) Por último, cuando exista una limitación territorial en la oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, será competente la Junta Arbitral de Consumo a la que se haya adherido la empresa o profesional, y si éstas fueran varias, aquélla por la que opté el consumidor.

En relación a la adhesión de los empresarios o comerciantes al sistema arbitral de consumo, hemos de tener presente que los empresarios o comerciantes pueden realizar Ofertas públicas de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, mediante la cual aceptan que las reclamaciones de los consumidores que se planteen como consecuencia de su actividad empresarial o profesional se resuelvan a través de este procedimiento extrajudicial y voluntario. La oferta pública de adhesión al Sistema arbitral de Consumo es única y deberá dirigirse a la Junta Arbitral que se corresponda con el ámbito territorial en el que la empresa desarrolle principalmente su actividad, comercializando sus bienes o servicios. En Concreto:

  • A la Junta arbitral nacional, si la actividad de la empresa que realiza la oferta pública de adhesión consiste en la comercialización de bienes y servicios en más de una Comunidad Autónoma.
  • A la Junta arbitral autonómica, si dicha actividad se desarrollara principalmente en su ámbito territorial.
  • A la Junta arbitral provincial si la a empresa ejerciera su actividad comercial en diversos municipios de una provincia.
  • A la Junta arbitral municipal si su actividad se llevara a cabo en un solo municipio.

 

Si no hubieran sido constituidas Juntas Arbitrales en su ámbito provincial o municipal la oferta de adhesión se efectuará a la de inmediato ámbito territorial superior (por ejemplo, si no existiera municipal, se efectuaría la oferta de adhesión a la junta arbitral provincial y si no existiera ésta a la junta arbitral autonómica)

  1. Acerca del acceso al sistema arbitral de consumo:

Los consumidores y usuarios que consideren que se han vulnerado sus derechos reconocidos legal o contractualmente, estarán legitimados para presentar una solicitud de Arbitraje, bien en la Junta Arbitral de Consumo directamente o a través de una Asociación de Consumidores y Usuarios. Posteriormente, tras recibir la citada solicitud la Junta comprueba que la solicitud cumple con todos y cada uno de los requisitos legales, así como que la reclamación concreta es objeto de resolución del Sistema Arbitral de Consumo. En caso de que el empresario o profesional reclamado se encuentre adherido al citado sistema, el presidente de la Junta Arbitral procederá a acordar la iniciación del procedimiento arbitral. En caso contrario, se le dará traslado a la solicitud para que en el plazo de 15 días manifieste si acepta o no resolver el conflicto a través del Sistema Arbitral, en este caso:

  • Si el empresario o profesional rechaza la invitación al arbitraje o no contesta en el plazo de 15 días, se archivará la solicitud sin más trámites debido a la voluntariedad del sistema.
  • Si el empresario o profesional acepta la invitación al arbitraje, desde ese momento se inicia el procedimiento arbitral.

Cuando no existan causas para la inadmisión de la solicitud de arbitraje y salvo que las partes se opongan a la mediación o ésta haya sido intentada antes sin lograr un acuerdo entre ellas, la Junta Arbitral de Consumo a través de los procedimientos que cada una de ellas tenga establecidos intentará que las partes alcancen un acuerdo sin necesidad de contar con la intervención de los árbitros.

Los mediadores, al igual que los árbitros, están sujetos en su actuación a los principios de independencia, imparcialidad y confidencialidad. El intentó de mediación puede suspender durante un mes el plazo máximo previsto para dictar el laudo (6 meses). (art. 38)

Requisitos del procedimiento:

  • Iniciado el procedimiento arbitral, el Presidente de la Junta por turno de la lista de árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo designará un árbitro o un colegio arbitral para conocer el conflicto.
  • A lo largo de todo el procedimiento las partes serán oídas dándoles traslado de todos los documentos, alegaciones o pruebas que se presenten.
  • El Colegio acordará las pruebas que estime pertinentes bien por propia iniciativa o la de las partes.
  • El Procedimiento finaliza con un laudo que como una sentencia judicial resuelve el conflicto y tiene eficacia de cosa juzgada.
  • Si las partes llegaran a un acuerdo por sí mismas a lo largo del procedimiento, éste será recogido en un laudo llamado conciliatorio, con el fin de que tenga también la misma eficacia que si de una sentencia judicial se tratase.
  • Contra el laudo dictado por el Colegio Arbitral sólo cabe el Recurso de Anulación ante la Audiencia Provincial en un plazo de dos meses desde la notificación a los interesados y el Recurso de Revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes.

Por último, en relación a la diferencia entre consumidores y empresarios, según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, el artículo 3 establece que “son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.” Igualmente, el art. 4 señala que “se considera empresario a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.”

En relación al Sistema Arbitral de Consumo, únicamente los consumidores y usuarios estarán legitimados para tramitar una reclamación a través del mismo (art. 34.1), en caso de ser un empresario el perjudicado deberá tramitar demanda a través del procedimiento judicial oportuno.

 

“El consumismo promete algo que no puede cumplir: la felicidad universal. Y pretende resolver el problema de la libertad reduciéndolo a la libertad del consumidor.”

– Zygmunt Bauman – 

 

Por último comentaros que el post up de hoy me ha traído recuerdos a uno de mis primeros escritos de alegaciones como abogada, por ello quería escribir acerca de este sistema, puesto que es un campo donde los abogados inevitablemente también debemos conocer su funcionamiento.

 

Muchas gracias por vuestra visita.

Un cordial saludo.

Leticia Latorre Luna

 

 

 

 

[1] http://arbitrajedeconsumo.msc.es

 

 

 

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